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LSSICE: en qué consiste la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

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LSSICE: en qué consiste la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

On octubre 13, 2017, Posted by , In Sin categoría, With 1 Comentario

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información regula a las empresas que operan en internetLa Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico es uno de los marcos legislativos más en boga actualmente. Pese a que ni mucho menos se trata de una regulación reciente (fue aprobada en 2002), su carácter genérico hace que hoy en día, con el auge de las tecnologías digitales y la información que circula casi libremente por internet, se haya convertido en una normativa estratégica para poder asesorar y asegurar el cumplimiento normativo a empresas que operan fundamentalmente en internet.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE), en esencia, regula las relaciones de webs, blogs, ecommerce y motores de búsqueda, entre otros, en internet. Contrataciones, comunicaciones electrónicas y prestaciones de servicios por parte de operadoras de telecomunicaciones quedan reguladas por esta normativa, bajo cuyo paraguas se resguarda prácticamente todo lo que ocurre en internet en España y a quienes presten sus servicios en este país.

Con el aumento de los negocios on-line y el crecimiento de este sector en JBI Asociados hemos detectado que la supervisión y sanciones sobre el incumplimiento de la normativa han aumentado de manera exponencial en los últimos meses.

LSSICE: ¿Qué información es obligatoria en tu web en 2.017?

Uno de los elementos que regula la LSSICE es qué información es necesario tener en la web. Esta regulación normativa define las obligaciones por parte de los poseedores de páginas web y comercios electrónicos con los usuarios de sus sites.

El conocido aviso legal, en el que debe aparecer información accesible para cualquier usuario de internet, debe incluir datos como el nombre o denominación social de la persona titular de la web, el NIF o CIF, el domicilio, el correo electrónico y el registro empresarial o colegiación, cuando sea necesario, de forma que el usuario sepa siempre a quién contrata, y la administración pueda identificarlo si así lo requiere.

Esta ley también regula todo lo relativo al comercio electrónico, que hoy en día mueve miles de millones de euros al día. Básicamente, la LSSICE obliga a que toda la información esté disponible y accesible con facilidad cuando un usuario quiere comprar algo: los precios, impuestos, gastos de envío o promociones deben identificarse con sencillez, así como los distintos pasos de compra y las condiciones generales del producto o servicio.

Desde su entrada en vigor, otro de los elementos regulados por este texto jurídico es el de las comunicaciones electrónicas. La futura LOPD ya establece unos límites al spam indiscriminado y permite a los usuarios llevar a cabo una protección de datos más eficiente, pero la LSSICE -por las siglas de su denominación completa- obliga a ciertas prácticas que dotan a estas técnicas publicitarias de un mayor control.

Por ejemplo, es obligatorio identificar al emisor, así como que en todo momento quede claro que se trata de una comunicación comercial. Además, es necesario que el receptor haya dado previamente su consentimiento para recibir este tipo de notificaciones, y el usuario debe poder darse de baja con facilidad si así lo desea.

Contratos electrónicos

Para evitar que el prestador de un servicio o intermediario reciba una sanción, las contrataciones por vía electrónica deben estar amparadas por una serie de hechos jurídicos obligatorios. El primero y fundamental es que debe existir consentimiento por parte del contratante, y que ambas partes deberán conocer y estar informadas antes de formalizar el contrato de cada detalle que incluirá la prestación de servicios. La finalidad de ello es que las obligaciones contractuales vía electrónica queden blindadas y aseguradas como las pactadas off-line.

Por supuesto, la LSSICE establece que todas las partes implicadas deben tener una copia del contrato una vez se ha formalizado.

Como cualquier otro marco legal, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico fija una serie de sanciones para aquellos prestadores de servicios que cometan infracciones en todo el proceso informativo: entre 30.000 y 600.000 euros pueden verse obligados a pagar quienes se salten alguno de los puntos.

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